¿Puede la tecnología salvar vidas en las carreteras?

Tráfico impulsará un sistema de velocidad variable para mejorar la seguridad de los ciclistas y los expertos reclaman implantar otras herramientas


Técnicos de emergencias y un ciclista delante de las bicicletas atropelladas en Castelbisbal este domingo. ALEJANDRO GARCIA / EFE

El grave atropello de un grupo de ciclistas este domingo en Catellbisbal ha reabierto el debate sobre las medidas para garantizar la seguridad en las carreteras. ¿Hay que endurecer el Código Penal y castigar más duramente a los conductores que provocan un accidente? ¿Hay que introducir nuevas medidas tecnológicas que reduzcan los riesgos al volante? Tanto la administración como los expertos se decantan por esta segunda opción. El director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, ha anunciado un sistema de señalización de velocidad variable para las carreteras más frecuentadas por ciclistas, mientras que expertos como el abogado especializado en accidentes de tráfico y laborales Albert Ferré apuestan por introducir en los vehículos tecnologías que ya existen. Por ejemplo, el alcolock, un alcoholímetro conectado al inmovilizador de los vehículos que impide que un conductor bebido pueda poner en marcha un coche, o el sistema que bloquea el arranque si los pasajeros, incluido el conductor, no llevan el cinturón abrochado. "La medida más sencilla para reducir la accidentalidad, antes de aumentar las penas o condenas, es evitar que pase", apunta Ferré.


El nuevo sistema de velocidad variable se empezará a probar este septiembre en diferentes puntos de la red viaria catalana, todavía para determinar. El objetivo final es desplegar la medida en algunas de las carreteras por donde circulan diferentes tipos de vehículos y que son vías de paso también para colectivos vulnerables, como por ejemplo los ciclistas. “No se puede hacer en todas las carreteras ni es la intención, pero servirá para reforzar la señalización fija ya existente”, ha explicado el director del Servei Català del Trànsit en una entrevista a RAC1. Los dispositivos se activarán cuando detecten la presencia de ciclistas e indicarán al resto de los vehículos la necesidad de reducir la velocidad en aquel tramo de la vía. El proyecto, que ya está licitado, se suma al de los cruces inteligentes, que avisarán a los conductores de la entrada de ciclistas a la carretera desde una urbanización. La primera se pondrá en marcha en la C-17, de Centelles hacia Vic. "També podrá ser útil en otras vías donde hay un importante flujo de tráfico, con una accidentalidad notable", ha dicho Lamiel.


Por su parte, Ferré también considera que habría que impulsar otras medidas, como por ejemplo prohibir los adelantos en carreteras secundarias. Pero más allá de esto, el letrado reclama que se modifique la ley para que los coches lleven incorporados, de serie, algunos elementos tecnológicos de seguridad que ya existen y que están pensados para reducir los riesgos asociados a la accidentalidad a las carreteras. "Es necesario cambiar el futuro y obligar a los constructores de vehículos a incorporar estos sistemas, como se hizo con los airbags, que antes no eran obligatorios y ahora ya vienen de serie. ¿Por qué no se está obligando a implementar las tecnologías que erradicarían estos tipos de accidentes?", se pregunta el abogado, que critica que los partidos no impulsen más medidas en este sentido.


Lentitud judicial


A la hora de fijarse en el Código Penal, tanto la administración como los expertos opinan que, en el ámbito teórico, la legislación actual plantea suficientes herramientas para castigar los delitos de tráfico más graves, como por ejemplo la condena por homicidio imprudente, con los agravantes de conducir bajo los efectos de las drogas o el alcohol o el delito de abandono del lugar del accidente, de reciente creación y que de momento ya ha comportado alguna condena. El director del Servei Català del Trànsit opinaba este lunes que quizás habría que introducir alguna reforma "quirúrgica" para dotar a los jueces de todavía más instrumentos. Pero para Ferré no es una cuestión de teoría, sino de cómo se aplica el código en la práctica. En este sentido, el abogado reclama más recursos para la administración de la justicia para que la investigación de los accidentes de tráfico graves no se alargue cuatro o cinco años, con el perjuicio que esto supone para las víctimas.


"No puede ser que los abogados gestionemos 300 casos cada año y un solo juzgado asuma 300 a la semana, es una cuestión de colapso", dice el letrado, que subraya que esta lentitud provoca una revictimización para los heridos en un accidente y las familias de los muertos. "Es un doble calvario", apunta el letrado, que recuerda que "la percepción de la justicia que tiene la ciudadanía es inversamente proporcional al tiempo que tarda en aplicarse". Ferré también reclama mejorar la atención a los familiares de las víctimas "desde el minuto cero" del accidente, tanto en el ámbito psicológico como administrativo, para ayudarlos en todos los trámites que implica la gestión del caso –también a la hora de ir a los juzgados–, y que este apoyo se mantenga en el tiempo.